El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz y EH Bildu llevarán este viernes a un consejo extraordinario de AMVISA una propuesta conjunta para actualizar las tarifas del agua con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de la empresa municipal y mantener la calidad del servicio. La iniciativa contempla una subida media de 0,81 euros mensuales en 2027 y 0,74 euros en 2028, tomando como referencia un consumo doméstico medio. En 2026, las tarifas se mantendrán sin cambios.

La propuesta incluye además la creación de un nuevo tramo para grandes consumos, dirigido a viviendas con piscina, a las que se aplicará un mayor coste por el uso intensivo de un recurso considerado bien común.

El presidente de AMVISA, Pascual Borja, y la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, han presentado el acuerdo alertando de la situación económica de la sociedad municipal, que arrastra problemas de solvencia tras 14 años sin actualizar las tarifas. La propia empresa ha advertido en informes internos de un “grave problema de sostenibilidad” si no se adoptan medidas a corto plazo.

Borja ha señalado que, en estos momentos, AMVISA no logra cubrir el coste real del servicio, pese a la obligación que marca la Directiva Marco del Agua. A esta situación se suma que Vitoria-Gasteiz mantiene una de las tarifas más bajas del Estado, mientras la empresa ha asumido nuevas competencias como el mantenimiento del sistema de drenaje, afronta un ambicioso plan inversor (con 13,5 millones de euros previstos en 2026) y debe adaptarse a normativas medioambientales más exigentes. Solo este año, según los cálculos trasladados, faltarían 5,5 millones de euros para cubrir el coste integral del servicio.

Desde EH Bildu, Vitero ha defendido el acuerdo como una apuesta por reforzar un servicio “100% público” y evitar escenarios de debilitamiento o privatización. “Ponemos en vías de solución una situación de riesgo real para AMVISA”, ha señalado.

La actualización tarifaria irá acompañada de la creación de varios fondos específicos. Entre ellos, un fondo solidario equivalente al 1% del presupuesto de la empresa para atender a personas en situación de vulnerabilidad, además de partidas destinadas a educación ambiental, formación del personal, innovación y cooperación al desarrollo.

Gobierno municipal y EH Bildu insisten en que la medida no tiene un objetivo recaudatorio, sino que busca garantizar inversiones clave como la renovación de tuberías, la eliminación del fibrocemento, la reducción de fugas, la mejora del saneamiento y la adaptación del sistema a los efectos del cambio climático.