El Consejo de Gobierno Foral de la Diputación de Álava se reunió este martes para aprobar una serie de acuerdos con impacto en la gestión y financiación del territorio.

En materia económica, el Ejecutivo foral ha dado luz verde a las participaciones iniciales provisionales del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (FOFEL) para 2026, cuya dotación total asciende a 318,58 millones de euros. De esta cantidad, se ha aprobado ya el abono del primer trimestre para ayuntamientos y cuadrillas, así como el primer semestre para los concejos, garantizando la financiación de los servicios municipales desde el inicio del ejercicio. El fondo incluye además una partida específica para el fomento del euskera y una asignación complementaria al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por los servicios de bienestar social transferidos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación del servicio de gestión y recogida de residuos no peligrosos procedentes de los garbigunes forales, con un presupuesto de 627.000 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable hasta un máximo de cinco, y permitirá asegurar el correcto funcionamiento de la red foral de seis garbigunes, ubicados en Amurrio, Oyón, Alegría-Dulantzi, Tuesta, Nanclares de la Oca y Santa Cruz de Campezo.

En el ámbito de las infraestructuras viarias, la Diputación Foral ha aprobado la adjudicación de las obras para la instalación de una pantalla acústica en la carretera N-102, a su paso por la localidad de Aríñez, con el objetivo de reducir el impacto del ruido del tráfico en las viviendas cercanas. La actuación contará con una inversión de 427.046 euros, tendrá una longitud de 456 metros y estará finalizada previsiblemente a finales de primavera. Este proyecto se enmarca en el I Plan de Acción contra el Ruido de Álava, mientras el II Plan se encuentra actualmente en fase de aportaciones y alegaciones.

Por último, el Consejo de Gobierno Foral ha acordado mostrar su criterio favorable a la revocación de los títulos honoríficos concedidos al dictador Francisco Franco y al general Emilio Mola, respaldando así la toma en consideración de la proposición de norma foral presentada en las Juntas Generales de Álava. El Ejecutivo foral considera que esta iniciativa se ajusta a la legislación vigente en materia de memoria democrática y responde a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, contribuyendo a la promoción de los valores democráticos.