El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha un cambio significativo en la gestión de la atención presencial al cliente de AMVISA, la sociedad municipal de aguas, que ha generado un fuerte conflicto sindical y político en la ciudad.

A partir de este mes, el servicio de atención presencial —hasta ahora gestionado por una empresa externa desde 2011— pasará a ser atendido por personal municipal, con al menos cinco puestos administrativos, como parte de un proceso de reorganización interna impulsado por el Gobierno municipal (PNV/PSE-EE) con el apoyo de EH Bildu. Según el Ayuntamiento, esta medida responde a análisis técnicos y jurídicos que consideran que la gestión con empleados públicos es la mejor opción para cumplir con los estándares de calidad exigidos por la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela y ofrecer un servicio más cercano y eficiente a los cerca de 130.000 abonados de agua de la ciudad.

Sin embargo, la iniciativa ha sido contundentemente criticada por sindicatos y formaciones políticas de la oposición, que denuncian que el cambio se ha aprobado sin subrogar a la plantilla actual, compuesta por seis trabajadores subcontratados que ven peligrar sus empleos.

El sindicato ELA ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 21 de enero, al considerar que la medida supone el despido de estas personas trabajadoras, pese a que la central apoya la publificación del servicio en sí. ELA exige que se garanticen las subrogaciones y los derechos laborales del personal afectado, en línea con la legislación estatal y europea.

Por su parte, Elkarrekin Vitoria ha rechazado también la reorganización aprobada, al calificarla de “despido fraudulento” y advertir de que podría acabar en los tribunales si no se asegura la subrogación de la plantilla. El representante del grupo municipal en el consejo de AMVISA ha señalado que prescindir de las actuales trabajadoras —que previamente protagonizaron una huelga indefinida de más de tres meses en 2025 para reclamar mejores condiciones laborales— supone un castigo político y un desprecio por sus derechos.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales han defendido que los informes jurídicos no permiten la subrogación, ya que el cambio responde a una municipalización del servicio que debe regirse por los principios de acceso al empleo público como la igualdad, mérito y capacidad. Han señalado también que algunas de las trabajadoras actuales ya han participado y aprobado procesos selectivos internos y permanecerán en sus puestos.

Mientras se mantiene la polémica, el servicio de atención telefónica 24/7 y la Oficina Virtual seguirán externalizados, sin cambios por el momento.